EL DERECHO AL EMPLEO DE LAS PCD,

EL DERECHO AL EMPLEO DE LAS PCD,

UNA CUESTIÓN DE TODOS 

 Pensar para hacer

Por Emiliano Naranjo

Discurso pronunciado en las Jornadas “Trabajo y discapacidad:

Estrategias de acción política”

5 de octubre de 2011

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=emplear

Cuando se me invitó a estar hoy entre ustedes e intentar compartirles

la realidad de  las  personas  con  discapacidad  y  la  problemática  del  empleo,

les  confieso sinceramente que comencé a preguntarme que podría contarles yo

que ustedes ya no supieran…y entonces realmente me preocupé

Fue sólo cuando comprendí  que debía intentar que me acompañen a pensar y

hacer aquello que todavía  se encuentra pendiente, que dejé de preocuparme y

pude  entender  que  si  no  hacemos  lo  que  pensamos  entonces

no  será  posible resolver nuestros problemas como sociedad, nuestros problemas

como colectivo, nuestros problemas como personas.

Según  el  Diccionario  de  la  Real  Academia  Española   -entre  otras  definiciones emplear  es:”Ocupar  a  alguien,  encargándole  un  negocio,  comisión  o  puesto

Plantearnos la ocupación, y/o el encargo hacia las PcD implica reconocer  su estado actual, su lugar social, para entonces poder decidir si aquello que socialmente les

ha sido encargado como colectivo, es decir, resulta en su ocupación, es aquello que

quieren -que queremos- o bien debemos hacer algo para cambiarlo.

“(…) Actualmente  según  datos  de  la OIT(Organización Internacional

del Trabajo) más  del  80%  de  las  PCD están desempleadas y existe una tasa de actividad del 30%  (la  mitad  que  en  el  resto  de   la  población),   lo  que  refleja  que  un  alto porcentaje  de  personas   teniendo   la  edad  para  trabajar,  ya  ni

siquiera  busca empleo (…)”. Argentina no es la excepción a esta tasa de desempleo, confirma la regla porque la cumple, y hasta incluso en algunos ámbitos se jacta de su buen

cumplir, y para ello se aferra criterios de producción que definen a las

PcD como algo ajeno a todo proceso productivo, extranjero, -no  familiar-, que no es capaz de producir ganancia.

Para  escaparle  al  prejuicio  improductivo porque sirven para etiquetar, -para clasificar- las posibilidades que tendrá una persona  de  desarrollarse  en  la  vida,  no  hay  más  opción  que  convertirnos  en ciudadanos  de  una  misma  sociedad.  Hacerlo  es  esencialmente,  reconocer  que todos nuestros derechos están estipulados de antemano, teniendo como base la Constitución Nacional Argentina,  y como principal aliado a la Convención sobre los

Derechos  de  las  Personas  con  Discapacidad.  (CDPD).Solo debemos salir a buscarlos, a conquistarlos, a recordarle a todos y a todas que son nuestros y que ya

no vamos a olvidarlo, ni tampoco dejar que se nos olvide.

Disponernos a exigir igualdad entre todos los ciudadanos, se presenta entonces

como  el  camino,  el  medio  por  el  cual  los  prejuicios  históricos  que  han  sido

asignados  a  las  PcD,  pueden  romperse.  Y  para  ello,  continuar  peleando  por  el

acogimiento  de  una  concepción  social  de  la  discapacidad  en  desmedro  de  la

postura  medica  que  aún  se  encuentra  entronizada  -aunque  en  un  trono

tambaleante- resulta imprescindible y urgente.

El modelo medico se  encarga de etiquetar al otro, categorizándolo por lo que le

falta, por aquello que no puede aportar porque fue concebido bajo criterios de

producción  estándar,  -bajo  un  falso  criterio  de  normalidad-.   Es  así,  que  las

personas con discapacidad se ven invadidas por estos procesos  medicalistas de

etiquetamiento que las apartan del sistema  común de producción social para ser

descritas como “enfermas” (acorde a un imaginario social) siendo arrastradas

hacia regímenes asistenciales y previsionales.

Etiquetar al otro implica quitarle su humanidad, no reconocerlo como persona y

por ende como igual. Etiquetar es también, aplicar una política de acuerdo con esa

etiqueta. Si alguien se lo considera pobre, entonces recibirá políticas para pobres,

si alguien se lo considera improductivo, entonces su desarrollo será visto como

infructífero.  En  otras  palabras,  es  el  modelo  medico  quien  en  alguna  forma

determina qué tipo de política recibiremos, si seremos un gasto desigual

o una inversión entre iguales

El modelo social de la discapacidad  en cambio, recupera todas las singularidades,

despojando  a  la  persona  de  cualquier  etiqueta.   Y  sin  dejar  de  atender  las

cuestiones  específicas  del  colectivo  de  PcD  nos  recuerda  que  todo  proceso  de

segregación se basa en poder quitar aquella condición que  nos hace humanos. Y

por ende, nos da dignidad.

El  acceso  al  trabajo, la  salud,  y  la  educación  no   son  solo  procesos  sociales

comunes, de todos,  -o al menos así deberían serlo- sino también, mecanismos de

dignificación. Cuando a alguien se le niega la posibilidad de trabajar se le niega la

posibilidad de ser digno. Esto último  rompe con la premisa internacionalmente

reconocida la cual sostiene que “la pobreza genera discapacidad y la discapacidad genera pobreza

. La relación entre pobreza y discapacidad es parte de las políticas  de  etiquetamiento  anteriormente  referidas.  Y  simbolizan  la  presencia  de  una opresión  política,  que  se  apoya   -como  dijimos-  en  el  criterio  medico  de normalidad.

Si  consideramos a la  pobreza,  desde un parecer estrictamente económico como la

insuficiencia de ingresos para llegar a adquirir un conjunto de bienes básicos para

poder vivir, se podría afirmar que el colectivo  de PcD  por  su  alta  tasa

de desempleo,  constituye  un  grupo  equivalente al del conjunto de personas pobres

En este sentido, resulta conveniente a aclarar  que los bienes y servicios que de

alguna manera  se vinculan a las PcD suelen ser más costosos,  acrecentando todo

tipo de  desigualdades.  Por eso, hay que pensar mas allá de los

ingresos, exigiendo

el acceso –incluido los de bienes y servicios- como un bien común

En la Argentina actual, a pesar de dispares esfuerzos por garantizar la igualdad de

derechos  de  todos  los  ciudadanos;  el  acceso  al  empleo  de

personas  con

discapacidad continúa siendo una expresión de deseo, una enunciación ideal de

campaña, que quizás halle un hito en elincumplimiento del cupo laboral.

La Ley nº 22.431 establece la obligación del cumplimiento de un cupo laboral en

un  porcentaje  no  menor  al  4%  para  personas  con  discapacidad  en  el  Estado Nacional en entes públicos, privados y concesionarias de servicios públicos

Explicita la ley antes referida que: “(…) El porcentaje determinado en el párrafo anterior será de cumplimiento obligatorio para el personal de planta efectiva, para los contratados cualquiera sea la modalidad de contratación

y para todas aquellas situaciones en que hubiere tercerización de servicios. Asimismo, y a los fines de un efectivo cumplimiento de dicho 4% las vacantes que se produzcan dentro de las distintas modalidades  de  contratación  en  los  entes  arriba indicados  deberán

prioritariamente  reservarse  a  las  personas  con  discapacidad  que  acrediten  las condiciones para puesto o cargo que deba cubrirse” (…)

El cupo laboral resulta en una  clara medida de acción afirmativa  que

tiende a derribar  los  prejuicios  de  contratación que  existen  hacia  las  personas  con discapacidad, y deja claro la necesaria   y obligatoria intervención del Estado en su carácter de tercero garante.

Qué  sucede  cuando  falla  el  garante,  cuando  el  compromiso  que  se  dice  entre iguales, ¿no lo es tál?, ¿quién garantiza el acceso al

empleo de las PcD más allá de las buenas voluntades?

La  CDPD  en  su  artículo  2  resalta  el  compromiso  de  “(…)  los  Estados  parte  a

reconocer  el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de

condiciones con las demás. (…) dice además que se salvaguardarán y promoverán

el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una

discapacidad  durante  el  empleo,  adoptando  medidas  pertinentes,  incluida  la promulgación de legislación (…)”.

A pesar de que podemos ver que existen distintas expresiones legales

que intentan apuntalar el empleo de PcD, estas se vuelven

mayoritariamente una expresión de

deseo  -y lo seguirán siendo-  si las PcD, sus familias, y todos aquellos quienes se

encuentran   involucrados  en  la  temática,  no  construimos   exigimos  y  nos comprometemos con hacer el cambio.

Pensar hoy para hacer el cambio,  ¿qué queremos? ¿Que tenemos? ¿Hacia dónde vamos? Tenemos derechos, queremos dignidad y vamos a conseguirla.

Los ejes del cambio ajustes y desbarajustes

Las llamadas políticas de inclusión pretenden ampliar el acceso a

derechos  de todos los ciudadanos. Razón por la cuál, deberíamos profundizar el camino que inició  en los 70  el Frente de Lisiados Peronistas,  y que hoy en alguna forma es continuado  por REDI y

otras organizaciones sociales.

Resulta  imperativo  para  quienes  trabajamos  en  la defensa  de  los  derechos humanos,  seguir exigiendo  la inclusión pluricomprensiva de todos los sectores sociales  que  se  hallan  postergados.  La inclusión  pluricomprensiva  implica  el desarrollo, seguimiento, implementación y evaluación de políticas coherentes con

el desetiquetamiento. Es así como por ejemplo “(…) Cuando se diseñan políticas en salud no deben requerirse políticas especiales para personas con discapacidad,sino incluir los requerimientos específicos de cualquier grupo poblacional en la política pública general (…)”

Con relación a políticas de trabajo se hace necesario enunciar su relación con la noción de autonomía. Desde el derecho concebida como  una herramienta efectiva que garantiza la vida independiente, dando especial relevancia a situaciones tales como: entornos accesibles, asistencia  personal, la disponibilidad de apoyos para el desarrollo de la vida diaria,

etc.

La  autonomía  presenta  también   un  aspecto  ideológico.   Es  decir,

nos  da  la posibilidad  de decidir nuestro  plan de vida, como vivimos,

con quien vivimos, etc.

Todo esto resulta pendiente y se ve diezmado si las PcD no allanamos nuestro camino hacia el trabajo.

A  pesar  de  los  denodados  esfuerzos  y  reclamos  por  una  vida  independiente accesible, autónoma, todavía no se impone  la concepción de que es el entorno quien debe adecuarse a los trabajadores.  Y por el contrario, aun, predomina la no noción Darwiniana  en donde el trabajador debe adaptarse  al trabajo.

La mancillada igualdad de oportunidades  con un sentido estético mas

que practico habilita  la  posibilidad  de  postularse en   un  empleo,  “(…)  pero  sin  crear las condiciones laborales para que la persona concreta pueda realizar la tarea que dicho empleo demandará  (…)”Ante esta  situación,  la  presencia  del Estado se torna ineludible.

Entendemos que  en su tarea de garante, en materia de empleo el estado debe:

1. Rediseñar las estructuras públicas orientadas al fomento del empleo

para la asistencia técnica en la inclusión laboral tanto en el sector público como el privado, (Capacitar desde el enfoque, social, cooperativo, etc).

2. La inclusión laboral de las personas con discapacidad debe ser entendida desde un carácter transversal, plural, donde primero se

genere el puesto de trabajo y luego el trabajador aprenda trabajando.

3. Eliminar  los  condicionamientos  médicos  para  acceder  a  un  puesto  de trabajo  a  través  de actos  administrativos  que  den el  “apto  médico” por motivos de discapacidad.

4. El dictamen médico de empleabilidad responde a un criterio

medicalista y funcional. La eliminación de este requerimiento es una condición necesaria para poder  destrabar  los  criterios  asociados  al  modelo médico  de  la discapacidad.

5. Eliminar  la  prohibición  legal  de  incompatibilidad  entre  la  pensión

por discapacidad y el trabajo remunerado.

La  CDPD  nos  ofrece  legislación  de  avanzada  en  materia  de  accesibilidad introduciendo  la  figura  de ajustes  razonables,  entendidos  como:  “(…) las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada  o  indebida,  cuando  se requieran en un  caso  particular,  para garantizar  a las  personas  con  discapacidad  el  goce  o ejercicio,  en  igualdad  de condiciones  con

las  demás,  de  todos  los  derechos  humanos  y libertades

fundamentales (…)”.Pero estos corren el riesgo de caer en saco roto, mientras aun  persista  la  lógica mercantilista,  que  es  capaz  de  definir  lo razonable  bajo criterios estrictamente económicos.

Es imperioso que las Personas con Discapacidad nos decidamos a

dejar de ser una raza laboral convertida en mendigos. Es urgente que nuestros reclamos tengan una voz clara y unificada, que nos permita

llegar a colocarlos en la agenda pública y para ello debemos proponernos estrategias de acción.

Hacer el movimiento -Estrategias de acción

Definir  estrategias  de  acción,  involucra  trazar  un  plan,  hacernos

cargo,posicionarnos y actuar en consecuencia.

Podrán ver, en posteriores relatos al mío, que una posible estrategia de acción es la judicialización.   A riesgo  de  ser  malinterpretado  considero  que  la estrategia judicial, no alcanza, porque no es integral, y pocas veces todos tienen acceso a ella.

Probablemente,  hoy  halla  mayores  posibilidades  que  ayer  de  conseguir  fallos favorables relacionados con  derechos humanos y ejercicio de nuestras libertades fundamentales. Pero llegar a ellos,  requiere un esfuerzo denodado  y nos plantea

dos problemas esenciales: el acceso a la justicia y la ejecución de sentencias.

Es sencillo ver que el sentido de justicia va consolidándose en la  medida que se tienen condiciones  de  dignidad.  Un  empleo  con  un salario  digno  –entre  otras cuestiones básicas ya mencionadas- es preponderante a la hora de acceder a la justicia.

 

La justicia siempre llega, pero tarde resulta quizás una frase de uso común para quienes trabajan en ella.  Si la justicia llega tarde para todos, llega aún mas tarde para  las PcD por eso, es importante intentar  referirnos al problema de la ejecución de sentencias Personalmente,  llevo  más  de  ocho meses  intentando  hacer  que  se  cumpla una medida cautelar que me fue otorgada con  miras a garantizar el derecho  de acceso a la igualdad educativa. En el camino,  pude  ver con tristeza como se continúa

sospechando de las personas con discapacidad por el solo hecho de  ser tales, que se me mida el coeficiente intelectual, que se me haga una pericia psiquiátrica, etc. fueron sólo algunos argumentos presentados  ante la justicia por una universidad nacional que hace unos días comenzó  a jactarse de estar a tono con la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.

En  esta  sociedad  cruel  y  espartana  que  la  justicia  se  exprese  a  favor  de  la recomposición de  los  derechos  que  entiende  violados,  es  un síntoma  de democracia que hay que cuidar, pero también  fortalecer.

Les pregunto ¿cómo hacer valer aquello que nos fue reconocido?

Desde que me involucré en la defensa de los derechos humanos, y por ende en la defensa de los derechos de las PcD, – hace ya más de seis años- he escuchado a diario hablar sobre la necesidad de estar unidos.

Sinceramente creía hasta hace poco tiempo, que ese estar unidos era

más un buen slogan publicitario que una cuestión practicable  y consensuable.

Con alegría  en julio  pasado  pude  ver  que estaba equivocado. REDI, y otras organizaciones  sociales manifestándose en frente

a  la  sede  de  la  gobernación  porteña  habían  logrado  el  consenso  

tan  esperado pudiendo dar cuenta de la situación en la que se encuentran las personas con discapacidad.

Estoy convencido que fortalecer la democracia, y los síntomas de justicia es esto, es hacer oír nuestra voz más allá de cualquier diferencia.

Debemos disponernos a llevar  adelante  estrategias de  acción  colectiva  que  nos  permitan  afianzar lo conseguido para lograr lo que aún está pendiente Y en esa tarea, tenemos que cuidar en no hacer de las herramientas judiciales, las  únicas. De lo contrario, se corre el riesgo que el trono tambaleante que hoy ocupa la medicina 

mañana lo ocupe la judicialización.

Quiero vivir en una sociedad sin tronos ni reyes, quiero vivir en una

sociedad de iguales.

La jornada de hoy se propone especialmente desde un enfoque de reconocimiento y militancia -desde un pensar para un hacer-.  En donde podamos ir más allá del análisis, para poder ponerle el cuerpo al discurso.

Dice   Rosa  Luxemburgo:  (…)  El  que  no  se  mueve,  no  escucha  el  ruido  de  sus cadenas (…)”

En sintonía con el logo de REDI, hoy les propongo continuar moviéndonos para romper las cadenas y sumarle al pensar  con la cabeza, el militar

con el corazón.

Enviado Por: Baldeon de Peru

y

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